Casi una década funcionaria de Duhalde: quién es la jueza que ordenó frenar la baja de imputabilidad en la Provincia

Marta Pascual, la jueza que suspendió por 60 días la aplicación de la baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, lleva más de 35 años vinculada a áreas de niñez y adolescencia. Desde que obtuvo su título de abogada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a finales de la década de 1980, se dedicó a trabajar en temáticas relacionadas con la vulnerabilidad infantil. Esta trayectoria la acercó al ámbito de la función pública, cuando Hilda González de Duhalde, entonces responsable de las políticas sociales de la provincia, la incorporó a su equipo. Durante las dos gestiones de González de Duhalde, esposa del gobernador Eduardo Duhalde (1991-1999), Pascual fue designada en la repartición encargada de asuntos de minoridad y adolescencia.

Pascual acompañó a “Chiche” Duhalde, quien mantuvo una estrecha relación política y personal durante los años 90, ejerciendo primero en el Consejo Provincial del Menor y la Familia y luego en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, hasta su designación final como ministra de Desarrollo Humano. En ese período, Pascual tuvo a su cargo los centros de contención, institutos y refugios destinados a niños y adolescentes en la provincia. Durante los últimos años del duhaldismo, cuando la inseguridad ciudadana se convirtió en un tema prioritario, tuvo enfrentamientos con jueces que impulsaban sanciones contra menores implicados en hechos delictivos.

El duhaldismo recompensó a sus colaboradores cercanos con cargos en el Poder Judicial provincial. La Legislatura bonaerense aprobó el pliego que permitió a Pascual acceder a un juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, un fuero que interviene en casos donde menores de 18 años (o de 16, según las circunstancias) son imputados por delitos penales. Esto sucedió a comienzos del siglo XXI, cuando el duhaldismo se retiraba de los cargos formales en la provincia.

En el ámbito judicial, Pascual es considerada parte del “sistema”, entendiendo por ello su estrecha relación con actores políticos tanto del oficialismo como de la oposición, lo que le permite mantenerse en su puesto sin mayores inconvenientes. En la ceremonia en la que recibió su diploma honorífico estuvieron presentes el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares —secretario del Partido Justicialista bonaerense, diputado provincial por Fuerza Patria y asesor legislativo del gobernador Axel Kicillof— y el rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB), Pablo Domenicchini, ex presidente de un órgano de la Unión Cívica Radical provincial.

Desde su rol judicial, Pascual ha llevado adelante tareas y acciones que exceden los límites tradicionales de los códigos y sentencias. Hace un año, la UNAB le otorgó el Doctorado Honoris Causa “por su compromiso con las infancias vulneradas y su labor en la protección de los Derechos Humanos”. La distinción fue entregada el 14 de agosto de 2025, oportunidad en la que Pascual recordó sus motivaciones personales y su vocación por la defensa de los más vulnerables. “Soy hija de la universidad pública”, destacó emocionada.

Actualmente, Marta Pascual dirige la carrera de Especialización en Derecho de la Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), ha sido docente en diversas universidades nacionales e internacionales, y cuenta con más de 30 publicaciones especializadas. Además, ha participado como conferencista y jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos.

Entre los méritos que la UNAB valoró para concederle el título se encuentra el desarrollo e impulso del programa innovador “Involucrados”, una iniciativa que articula el trabajo del Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la universidad para buscar alternativas al encierro, promoviendo que los jóvenes reparen el daño causado y se reinsertan positivamente en su comunidad. También se destaca su participación en proyectos comunitarios como la Red de Potreros Digitales, orientada a capacitar en tecnología a adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.

Un funcionario vinculado al fuero penal de Lomas de Zamora señaló a Clarín que “Pascual no puede ser encuadrada dentro del sector de la justicia garantista. Es estricta y en algunos casos firmó sentencias duras”. Explicó además que “conoce como pocos el ambiente de minoridad y está convencida de que no puede aplicarse el cambio que impone la ley sin organizar una estructura que permita el alojamiento y resguardo de los menores en conflicto con la ley”.

Por otra parte, en ámbitos cercanos a la defensa de los derechos humanos reconocen que Pascual “se preocupa bastante por los chicos y controla que no se vulneren los derechos en los centros bajo su jurisdicción”.