Hubo Dictamen de la procuración y la Corte define el amparo por el laudo sobre Portezuelo

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mendocina Laura Mercedes Monti, dictaminó que la acción de amparo por mora que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez.

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mendocina Laura Mercedes Monti, dictaminó que la acción de amparo por mora que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez presentó para solicitar el rápido pronunciamiento del presidente Alberto Fernández en el arbitraje por Portezuelo del Viento debe tramitarse efectivamente ante el máximo tribunal

La opinión de la Procuración fue requerida luego de que el gobernador, en representación de Mendoza, interpusiera formalmente una acción de amparo por mora en la administración en contra del Gobierno nacional el pasado 25 de octubre.

«A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación», rezaba el proveído que finalmente fue respondido el 6 de diciembre.

Ahora sí el expediente quedó en manos de la Secretaría de Juicios Ambientales a cargo de Néstor Cafferatta que funciona desde el 2015.

Si bien en el fondo de la cuestión será la Corte la que decida, era necesario que la procuradora fiscal se expresara acerca de la competencia originaria del máximo tribunal.

Laura Mercedes Monti es quien analizó la documentación presentada por Mendoza y entendió que, «en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte».

Las partes, en este caso puntual, son justamente una provincia y el Estado nacional. «Entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia, cualquiera sea la materia del pleito», indicó la procuradora fiscal.

«En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal», dictaminó.

Los artículos de la Constitución Nacional en los que basó su opinión son el 116 y el 117. El primero marca que la Corte y los tribunales nacionales deben entender en asuntos en que la Nación sea parte (entre otras causas); pero el 117 ajusta el concepto y establece que cuando «alguna provincia fuese parte» la Corte «la ejercerá originaria y exclusivamente».

Habiendo dictaminado la Procuración, se dio el pase a la Secretaría de Juicios Ambientales, a donde el expediente se encuentra desde este lunes.