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El diputado Martin Ardohain, junto con los diputados Eduardo Pepa, Matías Traba (MID) y la diputada María Laura Trapaglia presentaron un proyecto de ley para que se declare a la provincia de La Pampa como “Provincia Libre de Circulación Comunitaria de COVID-19”.
“Desde el dictado del Decreto 512/20 y hasta la actualidad, sólo se registran en nuestra provincia cinco casos de COVID 19, todos provenientes de contagios producidos fuera de nuestro territorio, ya recuperados y con período de cuarentena cumplido, sin registrarse casos autóctonos ni de circulación activa del virus en la provincia, hasta la fecha, cumpliéndose hoy 70 días del inicio de la misma. Esto la diferencia sustancialmente de la situación sanitaria en que se encuentran otras jurisdicciones, hace constitucionalmente injustificado el sostenimiento de las restricciones impuestas a derechos fundamentales de sus habitantes” expresó Ardohain.
El diputado acentuó que, “dentro del marco legal, que se integra con los decretos 921/20, 851/20 y 816/20 y concordantes del Poder Ejecutivo Provincial debidamente ratificados por esta Cámara, se encuentran restringidas total o parcialmente, según el caso, actividades económicas, productivas, laborales, administrativas, educativas, sociales, deportivas, de traslado dentro de la provincia, entre otras. Por otra parte, existe un riguroso monitoreo de los ingresos a la Provincia de personas que estando exceptuadas del aislamiento, cuentan con autorización previa para circular en el contexto dado por el Decreto 921/20; asimismo se ha establecido por Decreto 851/20 el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio, de las personas autorizadas por el Decreto 816/20 a regresar a su residencia habitual en la provincia, en el marco del programa “Regreso a Casa”; todas éstas, medidas estrictas con las que es necesario continuar.”
“Dado los resultados positivos sostenidos en el tiempo, es necesario normalizar las actividades económicas y la vida social de los habitantes de la Provincia, sin descuidar los monitores a los viajeros provenientes de otras jurisdicciones en el marco de lo señalado previamente.” manifestó Ardohain.
“Dentro del marco constitucional, la situación de emergencia sanitaria, brinda un justificativo temporal y acotado a la restricción de derechos, fundado ello en razones de orden público, como lo es, sin dudas, la preservación de la salud de la población, pero deja de justificarse cuando y donde ese orden público se encuentra resguardado.” finalizó.
