Poder ser candidata, revisar las condiciones de prisión domiciliaria y recomponer la Corte Suprema: qué le pide Cristina Kirchner a la ONU por la condena de Vialidad

Los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un recurso contra la sentencia que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La defensa busca revertir esa condena mediante medidas cautelares y espera una resolución para octubre.

Carlos Beraldi, defensor histórico de Kirchner, encabezó la conferencia de prensa junto a dos nuevos asesores: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, quienes se sumaron al equipo a principios de año. Valim enfatizó que el Comité debe decidir primero sobre tres pedidos cautelares presentados el 13 de julio último.

El primero solicita la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos; el segundo, la revisión de las condiciones de prisión domiciliaria, que incluyen vigilancia permanente con dos policías, uso irregular de la tobillera electrónica y severas restricciones para recibir visitas —incluso en espacios abiertos como la azotea—; y el tercero, la reestructuración de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente conformada por solo tres jueces. Valim sostuvo que trabajar con ese número es «una vulneración gravísima para toda la ciudadanía argentina».

Borrego detalló que la defensa pidió la medida cautelar sobre la prisión domiciliaria, pero advirtió que centrar el debate en ese aspecto es «distraer la atención» de lo fundamental: la proscripción electoral de Cristina Kirchner. Calificó la condena como «brutal y discriminatoria» y la calificó de maniobra para evitar que la expresidenta participe en las elecciones, dado que “puede ganar y eso no conviene a ciertos sectores”.

En un documento al que accedió Clarín, los abogados indicaron que la petición para suspender la inhabilitación perpetua se basa en “las evidentes arbitrariedades” de la sentencia, que contraviene precedentes claros del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En cuanto a la prisión domiciliaria, reclamaron el retiro de la tobillera electrónica, el levantamiento de las restricciones de visitas, el acceso libre a espacios al aire libre, un trato igualitario respecto a otras personas bajo prisión domiciliaria, el cese del trato discriminatorio y degradante, y que las autoridades argentinas no responsabilicen a Cristina Kirchner por manifestaciones ajenas frente a su domicilio.

Estas tres medidas cautelares son la primera instancia que deberá resolver el organismo internacional, previsiblemente en los próximos meses, mientras que la decisión definitiva podría demorar varios años. Borrego mencionó que el Comité debería reunirse en octubre; sin embargo, señaló que, debido a la reducción de fondos promovida por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en 2025 el Comité se ha reunido solo dos veces en lugar de tres y está en proceso de despidos de personal. No obstante, no descartó una resolución para octubre.

Los abogados aclararon que acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU en lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando mayor efectividad. En caso de que se conceda una medida cautelar, el Estado argentino deberá cumplirla de inmediato. Posteriormente, el Comité estudiará el fondo del asunto, proceso para el cual el Estado deberá responder formalmente a la comunicación presentada y aportar información que será evaluada por los comisionados, explicó Valim, quien también formó parte de la defensa de Lula da Silva.

Beraldi sostuvo que la Corte Suprema, al confirmar la condena a Kirchner, no examinó las instancias de la sentencia sino que se limitó a evadir el recurso presentado por la defensa, argumento que calificó de “escandaloso” y que justifica la intervención del organismo internacional.

Consultados sobre las declaraciones de Javier Milei y Mauricio Macri, quienes se atribuyeron la autoría moral de la condena, Valim señaló que esas manifestaciones forman parte del expediente como prueba del clima hostil y la presunción de culpabilidad que rodea el caso. “Existe parcialidad en el juicio contra ella, creando un ambiente propicio para una persecución injusta”, afirmó.

En esa línea, Beraldi manifestó: “Si consideramos las barbaridades pronunciadas por presidentes que se adjudican la condena, tenemos una prueba clara del nivel de adversidad en que hemos litigado. Eso es lo que esta presentación internacional busca remediar”.