Ante un planteo del expresidente de la CPE, Oscar Nocetti, la Defensoría del Público de la Nación advirtió que la fusión “profundiza la concentración comunicacional”.
La Defensoría del Público de la Nación hizo un contundente planteo contra la fusión de los dos gigantes del negocio comunicacional, Cablevisión (Clarín) y Telecom, en el marco de un trámite formal iniciado por el expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad Oscar Nocetti.
A fines del año pasado el dirigente cooperativo se presentó como ciudadano común ante el organismo. Creyó afectados los derechos de la ciudadanía ante lo que se anuncia como una mayúscula concentración en el campo de las comunicaciones. La Defensoría le dio la razón: reivindicó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia y en fuerte tono cuestionó la decisión que el macrismo propicia, y a la que le pone la frutilla del postre con la llamada “Ley Corta”.
Nocetti expondrá el próximo martes en el Senado respecto de esa legislación: su voz es tenida en cuenta a partir del logro que significó para la CPE prestar el servicio de televisión por cable.
La Defensoría dijo que informó de la situación a organismos internacionales de Derechos Humanos, de los que se espera un posicionamiento concreto. Además, los temas se tratarán en las audiencias públicas convocadas para este año: ya se hizo una en Córdoba, con presencia de medios comunitarios y públicos de La Pampa. En ese encuentro resonó el discurso crítico a las políticas del Gobierno Nacional en el área comunicacional.
En defensa de la LSCA
La titular del organismo, María José Guembe, aclara la situación de acefalía de la Defensoría, ya que la Comisión Bicameral no ha iniciado aún el procedimiento previsto legalmente para designar a un/a nuevo/a defensor/a. Pero ella fue autorizada a ejercer la titularidad del organismo y cumplimentar “los actos conservatorios tendientes al normal funcionamiento y la conservación de los recursos”.
“No obstante, el organismo continúa tramitando las presentaciones de las audiencias y de la ciudadanía en general. En relación con su reclamo sobre medidas que profundizan la concentración comunicacional, ponemos en su conocimiento que la Defensoría comparte su preocupación”, le dijo a Nocetti.
“Así lo ha expresado a través de distintas acciones y recomendaciones adoptadas desde la modificación por decreto presidencial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, una norma adecuada de los principios y estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información”, opinó la funcionaria.
Se desarticuló el control de los monopolios
El documento en el que se notificó al expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad añade: “En efecto, la reforma integral de la Ley Nº 26.522 fue el primer paso en un camino que primero desarticuló mecanismos de control antimonopólico que garantizaban la pluralidad informativa y la diversidad cultural en los medios de comunicación audiovisual”.
La Defensoría acusa: “Favoreció la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y, en su última etapa, habilitó la fusión de los actores más poderosos y concentrados del mercado info-comunicacional en nuestro país, las empresas CABLEVISIÓN S.A. y TELECOM S.A., tal como se plantea su reclamo”.
“Por ello -agrega- en el marco del seguimiento de las comunicaciones que la Defensoría ha mantenido con los organismos interamericanos de protección de derechos humanos en virtud de estas medidas regresivas, le informamos que la profundización del escenario de concentración fue puesta en conocimiento del relator de Expresión, Edison Lanza, y del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana Derechos Humanos, Paulo Abrao, a quienes se solicitó considerar el panorama descripto de cara a las acciones que en materia de derechos humanos y medios de comunicación se lleven adelante en el sistema de protección interamericano”.
“La Defensoría -añade Guembe- continúa haciendo un seguimiento y analizando el impacto de estas medidas, que se traducen en retrocesos en materia de diversidad y pluralidad
informativa, la configuración de obstáculos para el acceso a licencias de radio y televisión, en particular para el sector sin fines de lucro, y en la homogeneización de representaciones y discursos. Asimismo, seguimos con atención el proceso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en virtud de vuestra presentación esperamos poder aportar nuestra opinión fundada”.
La Defensoría dice que las Audiencias Públicas de este año están “precisamente centradas en recibir las opiniones de personas y organizaciones de todo el país sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales, recibiendo aportes sobre el derecho a la comunicación y convergencia, temática cuya consulta inició en 2017”.
“Este será seguramente un marco propicio para conocer en profundidad el impacto que el actual escenario comunicacional tiene en las realidades diversas de las distintas regiones y localidades del país. Estas opiniones son analizadas por la Defensoría y canalizadas hacia las autoridades competentes, además de servir de base para las políticas públicas que el organismo lleva adelante”, añadió el documento.
Fuente: El Diario de La Pampa