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La medicina privada asegura estar preparada para más competencia con precios libres. Piden medir la incidencia en las cuotas de las nuevas prestaciones obligatorias
El Gobierno autorizó ayer el quinto y último incremento del año a las empresas de medicina prepaga, del 6% a partir de diciembre. Para el año próximo, se termina de definir una medida que cambiará el panorama drásticamente. La intención oficial es liberar el valor de las cuotas de las prepagas, una decisión que demanda una nueva ley y que plantea un escenario para el que las empresas dicen estar preparadas.
Aunque no hubo todavía una comunicación formal a las firmas de salud privada de cómo se planteará la apertura de los precios, el tema es recurrente en los encuentros que las empresas mantienen con el gobierno. Los responsables de las principales compañías del sector coinciden en que aunque generará una mayor competencia y nuevas estrategias de negocio, la liberalización de los valores es positiva y el sistema ya demostró que funciona perfectamente de esa forma porque así lo hacía antes de 2011, cuando debieron comenzar a pedir autorización para ajustar los precios.
Caludio Belocopitt, titular de Swiss Medical, califica a la actual ley que regula el sistema como «imposible e inviable». En diálogo con El Cronista, el empresario aseguró que es imprescindible una ley nueva que ordene el sector. «Desde los años 60, la medicina funcionaba de forma desregulada perfectamente», dijo y aseguró que los problemas comenzaron con la nueva ley y la incorporación de prácticas nuevas al PMO (Programa Médico Obligatorio) que encarecieron notablemente las prestaciones y «desfinanciaron el sistema», señaló.
Belocopitt dijo que desde las empresas proponen, y además así lo indica la actual ley aunque no se cumple, determinar cuál es la incidencia que tienen esas prácticas agregadas y sumar a la cuota el monto que represente a sus afiliados.
En Osde, el argumento es similar. Victor Cipolla, vocero de la prepaga, recordó que antes de 2011 (con la ley 26.682) las cuotas de la medicina privada eran libres y se aumentaban si así lo hacía la estructura de costos de la compañía. Los ajustes se planteaban dependiendo de la coyuntura: en momentos de firmar paritarias de sanidad, por alguna estrategia de negocios o dependiendo de los dividendos alcanzados. «Hoy hay una distorsión de precios total generada por la intervención del Estado. No se puede cubrir el encarecimiento que tuvo la canasta prestacional en estos años», aseguró.
La liberación de los precios en el sector vendrá acompañado el próximo año con un requerimiento que vienen haciendo las compañías, sin éxito hasta ahora. En el borrador de la reforma laboral oficial está incluida la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, una entidad presente en diferentes formas en todo el mundo que evalúa si deben -con argumentos científicos- entregarse los nuevos medicamentos recetados. Principalmente, en referencia a drogas de muy alto valor que al no ser reconocidas por las prepagas como necesarias generalizan la judicialización. Por caso, en Osde solo en Capital Federal hubo este año 6000 cautelares por estas razones.
Según datos del mercado, sobre un total de 6 millones de afiliados a la cobertura privada que brindan prepagas y obras sociales, 2,2 millones se encuentran bajo la órbita de OSDE, mientras que Swiss Medical cuenta con una cartera de
870.000 asociados. En tercer lugar se ubica Galeno, que viene apuntalando sus números a través de un posicionamiento fuerte en el ámbito de los seguros laborales vía las adquisiciones de Mapfre ART y Consolidar ART. En el gobierno apuntan que los afiliados particulares suman un millón.
Entre todas las empresas de medicina prepaga alcanzan una facturación de unos $ 100.000 millones, de acuerdo con datos de 2016.
