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Con varios cambios en la redacción, el oficialismo firmó hoy dictamen a favor del proyecto de Presupuesto 2023, que llegará al recinto de la Cámara de Diputados el martes próximo.
Sorpresivamente, el Frente de Todos incluyó un nuevo artículo a través del cual todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
Además, el diputado Hernán Pérez Araujo destacó una serie de modificaciones «fruto del trabajo en equipo con el Gobierno de La Pampa» que favorecerán a la Provincia. Una de ellas, servirá para facultar al ministro de Economía, Sergio Massa, a pagar el juicio por la coparticipación.
El legislador también destacó que habrá fondos para la UNLPam , actualización del déficit previsional, aumento de fondos para asignaciones, becas, incentivo docente, barrios populares, infraestructura y equipamiento para educación, y otro aumento para el transporte del interior.
También resaltó el impuesto a las ganancias que alcanzará a todos los jueces y el incremento para la protección de bosques nativos.
«Esperamos que esta vez la oposición tenga la responsabilidad de acompañar un presupuesto que beneficia claramente a nuestra Provincia», remarcó Pérez Araujo.
Ganancias.
El artículo que impone a los jueces el pago de ganancias fue propuesto por el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, y fue confirmada por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al comienzo de la reunión de ese cuerpo, que duró cerca de cuatro horas.
Desde el 2017, se incorporaron al régimen de Ganancias todos los integrantes del Poder Judicial nombrados a partir de la sanción de esa ley, pero quedaban afuera todos aquellos que trabajaban con anterioridad.
De esta manera, el nuevo inciso «a» del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría «las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos.
En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».
En tanto, el nuevo inciso «c» del mismo artículo, especifica que el impuesto aplica a «las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Casaretto argumentó que no se trata de una cuestión de «independencia del Poder Judicial», sino de «justicia» para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.
«Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable», enfatizó el diputado del Frente de Todos.
La propuesta, que tensiona aún más la tirante relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical.
A propósito de Ganancias, se incluyó también un pedido de que venía realizando Evolución Federal para que se pueda deducir de ese impuesto hasta el 40% de los gastos educativos de una familia.
Inflación.
Sobre el final de la reunión, Heller comunicó que fue aceptada la propuesta de Juntos por el Cambio para incluir una «cláusula gatillo» que obligue al Poder Ejecutivo a enviar un proyecto de ampliación presupuestaria en el caso de que la inflación supere la pauta proyectada, o que la recaudación sea mayor a la prevista al 31 de agosto del 2023.
«Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre», quedó redactado el artículo.
