La justicia rechazó el pedido de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para apartar al juez federal Ariel Lijo de una causa que inició contra la diputada nacional Lilia Lemoine y otros referentes libertarios y tuiteros, acusados de ataques en redes sociales.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Villarruel fundamentó su solicitud alegando una «enemistad manifiesta» de Lijo, tras sus críticas al magistrado cuando fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara Federal desestimó el planteo, por lo que Lijo continuará al frente del expediente. Esta investigación se suma a otras que el magistrado lleva adelante contra miembros del gobierno nacional, entre ellas la que indaga presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su viaje a Punta del Este en avión privado; casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad; y los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios. En esta causa específica, tanto denunciantes como denunciados pertenecen al ámbito libertario, en medio de la abierta confrontación política entre Villarruel y el presidente Milei.
El año pasado, Villarruel denunció a Lemoine, al biógrafo de Milei Nicolás Márquez, al periodista de «La Derecha Diario» Javier Negre y a un grupo de tuiteros libertarios por lo que consideró una campaña coordinada en su contra destinada a desestabilizarla mediante mensajes de incitación al odio.
El caso fue asignado al juez Lijo, quien fue recusado por la vicepresidenta. Ella sostuvo que sus críticas públicas contra el magistrado, realizadas en entrevistas durante el proceso de su postulación en 2024 para la Corte Suprema —rechazada finalmente en el Senado— evidencian un “temor de parcialidad” y una “enemistad manifiesta” hacia su persona.
Lijo rechazó la recusación, argumentando que Villarruel ejerció su derecho a la libertad de expresión de manera respetuosa y que la no aprobación de su designación fue decisión del pleno del Senado, no de la vicepresidenta. Por lo tanto, no encontró fundamentos para apartarse del caso.
Esta postura fue ratificada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien intervino en el expediente. En su fallo, el camarista señaló que “los hechos mencionados en el escrito que da inicio a este incidente carecen de entidad suficiente como para generar el efecto que la recusante pretende” y que Villarruel “no ha desarrollado de qué manera sus exposiciones públicas comprometen la garantía de imparcialidad de la judicatura, ni cuál es la relación directa que podrían tener en la resolución de la causa”.
Agregó además que la vicepresidenta “no ha logrado demostrar la enemistad manifiesta requerida por la norma, es decir, el odio, aversión, repulsión o resentimiento del juez hacia la recusante”, y que se trata de “meras conjeturas basadas en su subjetividad, carentes del sustento objetivo exigido para la configuración de las causales de recusación”.
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